Saúl Salazar / @salazarbalbuena
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca. – El integrante de la dirección política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Horacio Santiago García, aseguró que la reciente aprobada Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca, es parte del resultado de las protestas que han realizado las víctimas de este delito.
“También queremos mencionar que esto es el fruto de las luchas que se han tenido en las calles, plantones y marchas, que han realizado por las víctimas de desplazamiento forzado, es importante mencionar el papel protagónico que tuvo el pueblo triqui, sobre todo en la exigencia que pudiera generar un marco de protección jurídica hacia las víctimas, no solo en Oaxaca, si no a nivel nacional”, indicó.
Recordó que como MULTI a nivel nacional estuvieron exigiendo la aprobación una ley similar, pero seguirán al pendiente, porque hasta el momento continua sin avanzar.
Santiago García refirió que la aprobación de la ley en Oaxaca es una victoria para las víctimas que han caminado, sufrido la violencia y abandonaron sus comunidades de origen, como en la región triqui.
“Tan solo hay que recordar que en la región triqui al menos, en la última década del 2010 al 2020, han sido un poco de más de 3 mil personas, las cuales han sido desplazadas, contabilizando las tres comunidades que están desplazadas al día hoy, que son: San Miguel Copala y San Juan Copala en el 2010; y Tierra Blanca Copala en el 2020. Es una buena muestra de voluntad política por parte del gobierno oaxaqueño”, señaló.
Apuntó que la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, es una herramienta, protege y previene, para que en el futuro ningún otro habitante de Oaxaca sea desplazado.
Dijo que como MULTI estarán vigilantes para que la ley se implementada de manera correcta, al ser el quinto estado en aprobar, pero aclaró que en Oaxaca se sancionará con cárcel de hasta de 20 años a quien genere el desplazamiento forzado, y para aquella persona que impida el retorno de las familias a su comunidad de origen, alcanzaría una condena de hasta 18 años de prisión.
