Exige CEDHAPI sanción a funcionarios que dieron por muertos a mil comuneros mixtecos  

Escrito por el 13 agosto, 2021

Exige CEDHAPI sanción a funcionarios que dieron por muertos a mil comuneros mixtecos

Saúl Salazar/La Grandiosa 

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca. – El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Maurilio Santiago Reyes, informó que en una reunión efectuada el 11 de agosto en la Secretaría de Gobernación, exigieron que la Fiscalía General de República (FGR) sancione a funcionarios que dieron por muertos a más de mil comuneros de Santo Domingo Ixcatlán.

El hecho se originó luego de que un grupo de personas, supuestos representantes de la comunidad agraria de Santo Domingo Ixcatlán, avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria (PA), desarrolló una asamblea el 12 de agosto de 2018, en la que decidieron separar a mil 013 comuneros del padrón.

De ahí funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Registro Civil dieron por fallecidos a dicho número de personas, entre ellos, a 22 habitantes beneficiarios con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que pierdan sus derechos como personas y a la tierra.

Fue la Unidad Jurídica de Registro Civil, quien recibió, avaló y cumplió el oficio DRC/UJ/699/2018, relativo al acta de asamblea.

En seguida, el RAN también aprobó el acta de asamblea de la supuesta representación de bienes comunales de Santo Domingo Ixcatlán, el 7 de septiembre de ese mismo año, violentando así a los comuneros de ese núcleo agrario.

Maurilio Santiago señaló que en la reunión expusieron lo ocurrido, misma que estuvo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, a la que también acudió el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y los beneficiarios de las medidas cautelares, familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé.

“Investigación legal de los hechos, sobre todo el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de República, porque hay funcionarios públicos del RAN, de la Procuraduría Agraria que de otra forma hicieron esto, y también funcionarios del gobierno del estado, en específico del Registro Civil”, agregó.

Recalcó que otro de los compromisos pactados, es que iba hacer la reparación del daño causado por dar de baja a las personas del padrón de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, lo cual pidieron sea de forma inmediata, ya sea por la vía jurídica o administrativa.

El abogado y defensor reveló que el gobernador de Oaxaca trató de justificar lo ocurrido, sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que fue ilegal lo que se hizo y dijo que hasta era vergonzoso.

“CEDHAPI es una asociación civil que siempre se va por vía jurídica e inclusive hemos llegado hasta estos niveles, como la subsecretaría de Derechos Humanos. En este hecho trascendental que el gobernador fue llamado para aclarar este hecho, y eso lo hicimos en base a un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que esta última instancia le requiere del hecho al estado mexicano”, expresó.

Invitó a siempre resolver este tipo de irregularidades y de más conflictos por la vía jurídica, así como a través de los organismos internacionales de derechos humanos, para evitar molestar a la población con marchas, toma de instancias o bloqueos.

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