La agenda de los recursos hídricos es el tema que para las distintas legislaturas del Congreso Federal, siempre puede esperar.
Pero la realidad es que es un tema que se tiene que atender de inmediato. La conservación y el uso eficiente del agua es indispensable para el desarrollo del país. La salud pública, seguridad alimentaria, seguridad energética, protección de los ecosistemas, el combate de la pobreza y desequilibrio de oportunidades entre la población, son temas relacionados directamente con los recursos hídricos.
El año pasado se publicó un estudio muy bien documentado llamado “Perspectivas del agua en México, propuestas hacía la seguridad hídrica”, en el texto se ilustra la magnitud del problema que enfrenta México sobre el tema.
En todo el país, solo el 58% de su población tiene acceso al agua en su domicilio diariamente, un aproximado de 6 millones no cuentan con acceso al agua potable y 11 millones de acceso al saneamiento, aproximadamente el 40% del agua se pierde en fugas, y en la agricultura de riego se pierde el 50%, solo la mitad de lo recolectado en alcantarillados es tratado y solo un 14% de la población recibe agua las 24 horas del día.
La problemática del agua es real y es actual, y el aumento constante de la población que se concentra cada vez más en zonas urbanizadas no ayuda. Según el Censo de 2020 la población de México asciende a los 126 millones de habitantes, el Consejo Nacional de Población estima que en 2050 se superaran los 148 millones.
A nuestros distintos diputados y senadores realmente no les ha importado o no han considerado prioritario legislar en materia hídrica, hace más de diez años que se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al agua y saneamiento. En el decreto por medio del cual se modificó el párrafo sexto del artículo 4° constitucional, se le concedió a los entonces integrantes del Congreso Federal un plazo de 360 días para expedir una nueva Ley General de Aguas. Nunca lo hicieron.
El año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación observó la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso Federal al no emitir una Ley General de Aguas, por lo que se le ordenó expedirla antes de agosto de 2024. Una vez más el Tribunal Constitucional limpiando el desaseo del Poder Legislativo.
Los problemas hídricos que enfrenta el país y los que vendrán no se van a solucionar con una ley, pero es indispensable actualizar el marco legal para regular de manera eficiente el uso del líquido, y así encaminar los esfuerzos para garantizar el acceso al resto la población.
Se necesita más que una inversión millonaria para ampliar la infraestructura hidráulica, también se tienen que establecer políticas que eficienticen el uso y aprovechamiento del líquido.
No hay necesidad ser un estudioso de la materia para entender que la falta de agua trae consigo consecuencias graves en la calidad de vida de las personas.
Ante este contexto realmente preocupante, es indispensable unir esfuerzos no solo del ámbito público y privado, quienes tienen que diseñar políticas para evitar la afectación de escasez de agua, sequías y en general del cambio climático. Sino que corresponde a todos como habitantes del planeta concientizar la gravedad del problema y adoptar con compromiso, medidas encaminadas a lograr una cultura para su preservación.
Lisandro Morales Silva
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
@Lisandrooh
